¿Cómo el software de automatización Judicial ayuda a prevenir la sobrecarga procesal?

¿Cómo el software de automatización Judicial ayuda a prevenir la sobrecarga procesal?

La sobrecarga procesal es un problema muy frecuente —y de grandes efectos adversos— que sufren las Instituciones de Justicia.

Debido a este inconveniente, han sido desarrolladas legaltechs para la gestión y automatización judicial que coadyuvan en el ejercicio de las funciones de los organismos, con la finalidad de prevenir este aspecto tan perjudicial, y salir beneficiados en celeridad procesal, mayor impacto social y una mejor economía.

¿Qué es la sobrecarga procesal?

La sobrecarga procesal se trata de una incapacidad del sistema judicial de procesar la cantidad de casos que ya están dentro de este, en otras palabras, es una falta en el Poder Judicial generada por el crecimiento constante de la cantidad de expedientes pendientes.

¿Qué causa la sobrecarga procesal?

Existen múltiples factores que tienden a aumentar la demanda por Justicia y que han sido eventos o situaciones ocurridas durante los últimos años:

Incremento de la población.

Mayor flujo de transacciones comerciales.

Más cantidad de relaciones interpersonales.

Mayor tipificación de delitos.

Conflictividad.

Mejora de la confianza en Instituciones de Justicia.

Reformas que han sido puestas en acción, y han generado resultado —eficiencia de las instituciones—.

Consecuencias directas e indirectas de la sobrecarga procesal

La sobrecarga procesal, al ser un potencial problema, tiene consecuencias tanto directas como indirectas.

Este tipo de resultados adversos suelen pasar desapercibidos en la cantidad de inconvenientes internos que posee el Poder Judicial y juntarse con algunos otros factores que determinan la calidad del servicio.

Consecuencias indirectas

Las consecuencias «indirectas» o «invisibles», no nos permiten poseer parámetros observables donde se puedan generar reclamos particulares, ni donde se puedan enfocar las propuestas para solucionarlos en problemas institucionales.

Aunque no siempre una alta carga laboral resulta en un retraso en el trabajo —es necesario considerar el factor «eficiencia»—, es normal que la acumulación de causas por resolver haga que la duración promedio de los procesos judiciales sea mayor. Toda dilación, evidentemente, implica la ampliación del derecho vulnerado por el cual se acudió a los Tribunales.

Al margen de quién fue el favorecido por el fallo dictado por el Juez o Magistrado, este elemento constituye una violación a la tutela jurisdiccional efectiva.

Como consecuencia de lo antes mencionado, el Juez tendrá que dedicar menos tiempo a cada caso adicional que llegue a su despacho y, aun cuando el trabajo se pueda aligerar con un mayor número de personal jurisdiccional, este será un cuello de botella que no puede ser solventado únicamente con la contratación de funcionarios, porque podría llegar a ser contraproducente.

Consecuencias directas

Dentro de la dificultad para crear predictibilidad, se encuentra otra de las consecuencias —y otro tipo de causas— de la sobrecarga procesal.

Los siguientes cuatro puntos aumentan las probabilidades de que el mismo Juez u otros, no puedan tener una unificación de criterios para resolver frente a casos que sean similares:

Pocos plenos jurisdiccionales.

Escasez de jurisprudencia vinculante.

Baja coordinación entre jueces de una misma especialidad para tener foros conversacionales sobre los criterios mínimos para el manejo de algunos casos comunes.

Enorme cantidad de casos por resolver, que le dan al Juez poco tiempo para entrar en conocimiento sobre las pautas a seguir.

Todo esto repercute en una influencia directa sobre la calidad de la resolución final del caso, puesto que recoge tanto aciertos y desaciertos de la organización del despacho judicial, de sus capacidades y la atención que fue brindada a las partes intervinientes en el proceso.

La acumulación de causas en trámite en cualquier juzgado tiende a crear la mayoría de los efectos aludidos. Por otro lado, mientras mayor sea este número de casos, más fuerte será el control que sobre estos ejerza quien está a su cargo.

En este sentido, la ineficiencia generada por la sobrecarga procesal, tiene los siguientes efectos:

Se convierte en una barrera que impide el fácil acceso a la Justicia para la sociedad.

Puede fomentar la discrecionalidad del agente judicial, con poca ética que podría llegar a tomar ventaja de la situación, pudiendo llegar a aceptar u ofrecer tratos que sean ilegítimos para el favorecimiento del avance de determinados procesos.

Sistema de gestión y automatización de procesos: Una solución para aliviar la sobrecarga procesal

Los sistemas de gestión y automatización de procesos vienen a solucionar diferentes desafíos como, por ejemplo, los grandes volúmenes de procesos; lo que representa algo que las Instituciones de Justicia necesitan resolver.

Como caso práctico, en 2015, por ejemplo, existían alrededor de 100 millones de procesos judiciales en trámite en los Tribunales brasileños. Tan solo en el Tribunal de Justicia de Sao Paulo —el más grande del mundo en cantidad de casos— había aproximadamente 25 millones.

Evidentemente, todos los documentos y expedientes eran físicos y consumían una inmensa cantidad de papel e infraestructura dedicada para su almacenamiento. En paralelo, otro de los desafíos para afrontar, era el tiempo para resolver las acciones judiciales.

No obstante, todo esto ha sido solucionado gracias a la Justicia Digital y la implementación de sistemas de gestión judicial como el SAJ; un software que logró un gran impacto y ha dejado en su camino un gran número de ventajas para resolver la sobrecarga procesal.

Mayor impacto social

Gracias al uso de este tipo de tecnologías innovadoras y especializadas, la administración de Justicia se ha optimizado y ahora brinda un servicio judicial de calidad a la sociedad.

En los lugares donde la Justicia Digital está consolidada, el acceso a los órganos de Justicia se vuelve sencillo, y el proceso gana transparencia mediante herramientas digitales robustas y seguras, a las que todas las partes pueden acceder para darle seguimiento al avance de sus casos.

Más celeridad en los procesos

Las Instituciones de Justicia que usan el SAJ, una solución dedicada para automatizar la Justicia, han gozado del beneficio de celeridad de hasta un 620% de disminución en la duración de los tiempos del trámite y han logrado optimizar aproximadamente un 90% en la velocidad del procesamiento entre el reparto del caso, y el primer acto del magistrado.

Ventajas económicas

En definitiva, las ventajas de la tecnología para aliviar el flujo del proceso también impacta en la economía de las Instituciones de Justicia que, al funcionar de manera eficiente, son un determinante crucial del desempeño económico; puesto que fomentan importantes requisitos previos para las economías de mercado

Esto se debe a que la celeridad procesal garantiza una ganancia del 14% en la producción nacional, un 10% en el nivel de inversiones en el país.

Y, un dato también importante es que, al no necesitar de una gran infraestructura para el almacenamiento de una enorme cantidad de documentos, se logra un ahorro de más de 20 millones de toneladas de papel en un período de 3 años de gestión, lo que representa alrededor de USD $12.5 millones.

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