Derecho a la tecnología: El acceso a las tics es para todos

Derecho a la tecnología: El acceso a las TICs es para todos

El acceso a Internet se ha convertido en una parte esencial de la vida moderna; ya no se trata de un lujo, ahora es un elemento indispensable para garantizar la libertad de expresión, la participación política, la salud y otros derechos fundamentales. Proporciona un espacio invaluable donde las comunidades marginadas inician el cambio social y se crean identidades.

A nivel mundial, la realización del derecho a la tecnología implica una importante cooperación internacional.

Los ciudadanos del mundo están abrumadoramente de acuerdo en que el acceso a Internet es un derecho humano fundamental, donde cuatro de cada cinco personas de la población mundial comparten esta opinión.

Sin embargo, se estima que 3700 millones de personas internacionalmente no están conectadas a Internet (los datos de acceso se limitan en gran medida a los países desarrollados). Además, este problema se extiende más allá de los países de bajos y medianos ingresos donde, de hecho, más de 244 millones de personas en América Latina no tienen acceso doméstico a Internet de banda ancha.

Las desigualdades en el acceso existen tanto dentro de los países como entre los países del Norte Global y del Sur Global.

Estas desigualdades crean más desequilibrios en el conocimiento y las oportunidades, dañando desproporcionadamente a los grupos marginados, incluidos los niños, las mujeres, las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas y las del Sur Global. 

La pandemia de COVID-19 ha resaltado y exacerbado estos problemas generalizados con la falta de confiabilidad o la inaccesibilidad total de Internet. El daño causado por esta brecha digital ilustra claramente por qué el acceso a Internet es esencial y, por lo tanto, debe considerarse un derecho humano.

Debido a la importancia de este tema en la actualidad, hemos elaborado este contenido donde explicaremos en detalle por qué el derecho a la tecnología y el acceso a las TICs es para todos.

¡No se aparte, esta es una lectura muy importante!

Derecho a la tecnología: ¿Cómo encontrar y establecer medios idóneos para que se cumpla? 

Hoy en día no hay ningún tratado internacional importante codifica el derecho al acceso al Internet, y la sensación general entre los académicos es que actualmente no existe una obligación legal internacional para que los gobiernos tomen medidas para garantizar ese derecho para sus ciudadanos. 

No obstante, los Estados tienen el deber de abstenerse de interferir con el acceso, si las restricciones impiden el disfrute de los derechos humanos.

Por otro lado, las tendencias crecientes en la política internacional y el derecho indicativo señalan una convergencia de normas y un movimiento hacia el futuro reconocimiento del acceso a Internet como un derecho humano; este incluiría las obligaciones de los gobiernos de proporcionar la infraestructura física necesaria.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha abordado el acceso a Internet en varias Resoluciones no vinculantes sobre “la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”. 

La resolución más reciente sobre el tema es el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; acá enfatizan la importancia de aplicar un enfoque basado en los derechos humanos al acceso a la tecnología y llama a los estados a promover una conectividad asequible y confiable, el acceso digital y la inclusión digital. 

Si bien la Resolución no menciona explícitamente las obligaciones legales de los estados de proporcionar la infraestructura necesaria para el acceso a Internet, y el lenguaje con respecto a los deberes de los estados es indulgente, marca un paso significativo hacia un mayor reconocimiento jurídico del derecho a la tecnología de la información y comunicación entre pares, y entre ciudadanos y gobiernos.

Derecho al acceso a Internet en los tratados existentes

Un camino hacia el reconocimiento de las innovaciones es mostrar que el derecho a la tecnología está implícito en los derechos humanos existentes. 

Este enfoque interpretativo se ha utilizado, por ejemplo, para argumentar que el derecho al asilo por el cambio climático debido a la degradación ambiental (que no es explícitamente un derecho humano internacional vinculante) está incluido en el derecho a la vida, que es un derecho imprescindible tal como se expresa en los principales Tratados Internacionales. 

Podría decirse que el derecho al acceso a Internet está implícito en los derechos humanos establecidos, incluida la libertad de expresión, que está codificado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR).

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que estas disposiciones abarcan el derecho al acceso a Internet —lo se entiende como la necesidad de integrar a las TIC—. 

Otros artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también podrían respaldar el derecho al acceso a Internet, como:

  • artículo 22 que trata sobre la libertad de asociación;
  • o el artículo 25 donde está señalado el derecho a “participar en la conducción de los asuntos públicos”.

Es importante destacar que estos no son meros derechos negativos de no interferencia. 

Los gobiernos también tienen el deber de promover y proporcionar la infraestructura y el hardware necesarios para obtener acceso. Este deber está arraigado, en parte, en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que las naciones deben tomar medidas para dar efecto inmediato a los derechos enumerados. 

En paralelo, la Observación General n° 34 del Comité de Derechos Humanos establece que los gobiernos “deberían tomar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de las personas” a Internet y a las redes mundiales de tecnología de la información y la comunicación (TIC).

El derecho al acceso a Internet en el derecho internacional consuetudinario

El derecho al acceso a Internet también podría convertirse en un derecho legal reconocido a través del derecho internacional consuetudinario (CIL). 

El CIL tiene dos elementos: 

  • la práctica estatal: la forma cómo actúan los estados con respecto al derecho;
  • opinio juris: este latinismo significa la creencia subjetiva de los gobiernos sobre sus obligaciones. 

Para que un derecho sea reconocido de esta manera, debe haber una práctica general de los Estados que lo reconozcan, así como la creencia de esos gobiernos de que el derecho existe. 

En definitiva, los factores indispensables que son imprescindibles para que este surta efecto jurídico son: 

  • sentencias judiciales;
  • derecho indicativo;
  • erudición legal.

Cada vez hay más evidencia de que el acceso a Internet podría convertirse en un derecho reconocido bajo CIL.

Estos son los principales países que se han pronunciado sobre el derecho a la tecnología

El derecho a la tecnología ha sido cada vez más reconocido en la práctica estatal en los últimos años, entre los casos más relevantes encontramos:

  • Estonia clasificó el acceso al Internet como un derecho humano en 2001. 
  • Finlandia convirtió la banda ancha en un derecho legal para sus ciudadanos en 2009. 
  • El Estado indio de Kerala también declaró el acceso universal a Internet como un derecho humano básico. 
  • Otros países que lo han declarado son Suecia, Canadá, Alemania y Grecia. 
  • En 2013, México no solo declaró el acceso a Internet como un derecho humano, sino que también requirió que el gobierno brindara acceso a quienes no pueden pagarlo, incluida la obligación de construir infraestructura pública para respaldar el acceso.

La cuestión también se ha abordado a través de los tribunales nacionales. En un caso de 2010, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declaró que el acceso a internet es un derecho fundamental. 

Incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos ha señalado que el derecho a la tecnología, que está sustentado en las plataformas de redes sociales y las TIC, brindan los mecanismos más poderosos disponibles para que un ciudadano privado haga oír su voz.

Este creciente reconocimiento a nivel estatal de las TIC, en muchas regiones y a través de diversos medios, fortalece el caso para el reconocimiento del derecho humano al acceso a Internet bajo CIL.

¡Próximos pasos para avanzar!

Si bien la idea de un tratado importante para el derecho a la tecnología ha recibido atención, los costos y las limitaciones de negociar un nuevo tratado global son grandes. 

Una mejor opción puede ser buscar el consenso a través de una declaración universal de derechos en Internet, que podría ser más flexible e inclusiva. Al igual que otras declaraciones universales, como la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), este nuevo dictamen podría dar prioridad a centrar las voces marginadas, para crear un mundo en línea más inclusivo y equitativo.

Con respecto a la implementación, queda en los gobiernos la carga de asumir un papel proactivo y garantizar la realización del derecho para llegar a una sana y justa administración de Justicia Digital.

Es absolutamente esencial el reconocimiento posterior del derecho al acceso a Internet, el enfrentamiento de las desigualdades en el acceso y la experiencia, y el desarrollo de estrategias para abordarlas.

Por otro lado, para que esta implementación sea completamente efectiva, deben estar alineadas las prácticas judiciales con los softwares de control y gestión judicial a través de una plataforma online. ¡Es un tema que no tiene desperdicio!

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