¿Cómo funciona la Justicia en México? Impacto de las nuevas tecnologías

¿Cómo funciona la Justicia en México? Impacto de las nuevas tecnologías

La pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los sectores de la sociedad, incluido el sistema judicial en México. Los poderes judiciales a lo largo del país, que administran los sistemas de Justicia estatal y federal, han tenido que modernizarse con nuevas y actualizadas tecnologías a medida que migran a la administración de Justicia Digital.

El potencial de este concepto para ampliar el acceso a la Justicia y para evitar una mayor exclusión y marginación de los grupos vulnerables, es muy elevado.

Lea hasta el final, acá vamos a explicar cómo la tecnología ha incursionado en el sistema judicial en México.

¿Cuál fue el panorama del sistema judicial en México?

El 17 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud mexicana emitió una orden de cierre de todas las oficinas gubernamentales no esenciales, incluidos los Tribunales; por lo que el sistema judicial en México se paralizó.

Las audiencias se pospusieron con la expectativa de reanudarlas cuando las condiciones lo permitieran y la pandemia terminara. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses sin un final a la vista, El Poder Judicial tuvo que equilibrar la salud y la seguridad públicas con los derechos legales fundamentales.

Esto condujo a una aceleración de la administración de Justicia Digital, para lo cual algunos estados estaban más preparados que otros.

Muchos poderes judiciales estatales se basaron inicialmente en tecnología remota, como la videoconferencia, para resolver asuntos que no requerían audiencias o comparecencias en persona. Se llevaron a cabo audiencias en persona solo para los asuntos más urgentes, como violencia doméstica y desalojos.

En el sistema de Justicia penal, los acusados ​​permanecieron bajo custodia, a la espera de la resolución de sus casos.

Algunos estados están más preparados que otros

Finalmente, el 10 de agosto de 2020, los Tribunales de todo el país reabrieron debido a una acumulación de casos. El distanciamiento social y otras condiciones de la pandemia exigieron que los poderes judiciales de cada estado incorporaran algún tipo de tecnología en su administración de Justicia.

Algunos estados, como Nuevo León, Aguascalientes y el Estado de México, pudieron acelerar la transición a la administración de Justicia Digital porque ya venían utilizando la tecnología en otras facetas de la administración de Justicia.

Por ejemplo, el poder judicial de Nuevo León implementó la presentación electrónica de formularios legales y audiencias remotas en 2016. En mayo de 2020, el Poder Judicial de Nuevo León abrió al público su “Tribunal Virtual”, con un video instructivo en YouTube.

En 2018, el Estado de México implementó su Tribunal virtual mediante el uso de firmas electrónicas y la resolución de ciertas controversias en línea.

El Poder Judicial de Coahuila (Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza) habilitó un buzón electrónico en su sitio web para aceptar documentos o formularios legales las 24 horas del día. Su implementación finalizó el 17 de agosto de 2020.

En agosto de 2020, seis meses después de la pandemia, el Poder Judicial federal y 21 poderes judiciales estatales se encontraban realizando audiencias a través de videoconferencia.

No obstante, en materia penal, solo Nuevo León y Coahuila brindaron acceso público a distancia a las audiencias, lo que generó preocupaciones sobre el acceso público a las audiencias (principio de publicidad).

Si bien ha habido avances, aún no existe una uniformidad nacional en la administración de Justicia ni en el acceso público a la Justicia durante la pandemia.

En el sistema judicial en México, aquellas Instituciones de Justicia que estaban tecnológicamente avanzadas, han estado ayudando a otros que son nuevos en el uso de tecnologías.

Por ejemplo, cuando el Poder Judicial de Jalisco inició su programa de Justicia virtual en julio de 2020, los Poderes Judiciales de Nuevo León, Aguascalientes y el Estado de México brindaron asistencia.

Sin embargo, esto no niega la necesidad de un nuevo código de procedimiento civil. No habrá pautas o normas uniformes que rijan esta área crucial de la ley hasta que se legisle y apruebe un nuevo código de procedimiento civil para los poderes judiciales estatales.

Creatividad, paciencia y pensar fuera de la caja

Académicos, grupos de expertos, organizaciones de la sociedad civil y operadores judiciales han intentado llenar los vacíos en los estándares y normas legales.

Ha sido por medio de la producción de webinars y la redacción de guías o manuales para ayudar a los Poderes Judiciales, así como a las Instituciones de Justicia, jueces y magistrados.

Los operadores judiciales generalmente están de acuerdo en que la administración digital de Justicia requiere flexibilidad, creatividad y paciencia.

Coinciden en que las grandes disparidades en los recursos en todo el país, desde el acceso a la infraestructura e Internet, hasta el poder del consumidor para adquirir las herramientas requeridas para dicho acceso, requieren nuevos enfoques de Justicia.

Legislación vigente y pendiente

El 18 de marzo de 2014, la legislatura mexicana emitió un Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que se aplica en casos federales en todo México, así como en cada estado y la Ciudad de México.

El artículo 51 del CNPP prevé el uso de tecnologías digitales en la Justicia penal, incluidas las videoconferencias.

Tres años después, la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017 dispuso que el poder legislativo mexicano redactara un código nacional unificado de derecho de familia y procedimiento civil, cuyo ámbito incluiría normas, reglas y procedimientos legales para la administración digital de Justicia.

El Congreso acordó que, durante los siguientes 180 días durante los cuales se redactaría un nuevo código, se mantendría el código actual, es decir, le asignaron una vacatio legis.

Actualmente, el Congreso está evaluando más de 24 iniciativas de reforma constitucional para garantizar que la Justicia administrada a través de plataformas digitales se ajuste a las normas constitucionales y de derechos humanos de México.

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