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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa forjando su camino como un destacado ejemplo de éxito en la búsqueda por justicia, reconciliación y paz en Colombia. Al integrar la tecnología innovadora de un sistema integrado de gestión de procesos judiciales, el LEGALi, a sus modus operandi, la JEP no solo ha modernizado sus procesos sino que también se ha destacado como una institución líder en eficiencia, seguridad y transparencia en el escenario judicial colombiano.

La JEP cuenta con tres Salas de Justicia, conformadas por 18 magistrados y 6 amicus curiae. Estos últimos son terceros autorizados para participar en los procesos de la JEP, con el fin de ofrecer informaciones o conceptos que brinden mayores elementos jurídicos para la resolución de un caso. Cumplen una función consultora con las salas y secciones. La Unidad de Investigación y Acusación trabaja con 16 fiscales de Justicia. El Tribunal para la Paz está conformado por 20 jueces y 4 amicus curiae, responsables de las revisiones de sentencias, apelaciones y reconocimientos de responsabilidades.

La composición de los órganos judiciales de la JEP se diferencia significativamente de otros tribunales de justicia ordinaria en Colombia, debido a la forma especial en que se seleccionaron sus jueces y amicus curiae. Este enfoque también se utilizó en la elección del director de la Unidad de Investigación y Acusación y el jefe del Secretariado Ejecutivo (SIVJRN). El proceso de creación tanto de la JEP como de toda la SIVJRN implicó la concepción de un Comité de Selección mixto con miembros nacionales e internacionales.

La misión de la JEP es clara: su objetivo es administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido social, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los involucrados. Con una visión proyectada hacia el 2033, la JEP se propone hacer justicia, esclareciendo y estableciendo responsabilidades penales individuales por los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado entre las FARC y el gobierno colombiano. A través de su actuación, la JEP contribuyó de manera significativa para la construcción de la paz y de la reconciliación nacional.

Marco global y pionera en la administración de la justicia transicional, la JEP dio un paso revolucionario al adoptar el LEGALi, nombre que el SAJ recibe en la institución como solución tecnológica. El sistema permite investigar, juzgar y punir los responsables de los crímenes más graves del conflicto armado de forma el 100 % digital, impulsando la eficiencia y la agilidad de los procesos. LEGALi gerencia 9.606.428 páginas digitalizadas y posibilita consultar simultáneamente la ejecución de tareas paralelas entre diversas instancias involucradas en las investigaciones.

Desafíos superados por la Innovación Digital

La implementación del LEGALi no fue tan solo un cambio tecnológico, sino una transformación cultural y abarcadora. La plataforma enfrentó el desafío inicial de consolidar y clasificar documentos de años de histórico del conflicto. Superó la barrera de los documentos físicos al digitalizar estos archivos e integrar informaciones judiciales de diversas entidades del Estado, de la justicia ordinaria y de organizaciones externas.

La estrategia de transformación digital de la JEP, que inició en agosto de 2018, ganó vida con la implementación del sistema LEGALi, en marzo de 2020. Desde este momento, se realizaron 352.609 acciones y 47.031 notificaciones electrónicas certificadas, lo que marcó el significativo avance en la eficiencia procesal.

La solución demuestra su impacto al facilitar 813.566 documentos y 12.158 archivos a jueces, empleados, abogados e interesados. La mayoría de estos registros corresponde a los procesos contra 12.803 acusados, lo que incluye miembros de las extintas FARC-EP y agentes del Estado.

Los casos de la JEP

La JEP está trabajando en 10 macrocasos, en los cuales investiga, aclara y pune los principales responsables de los eventos más graves del conflicto armado colombiano. Aquí, las víctimas participan activamente del proceso y los que aparecen son llamados a rendir cuentas.

  • Retenciones ilegales realizadas por parte de las Farc-EP. Secuestro
  • Prioriza situación de violaciones a los derechos humanos en los municipios de Tumaco, Ricuarte y Barbacoas en el departamento de Nariño
  • Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. ‘Falsos positivos’
  • Prioriza situación territorial en la región de Urabá
  • Prioriza situación territorial en la región del norte de Cauca y el sur del Valle del Cauca
  • Victimización de miembros de la Unión Patriótica
  • Reclutamiento y utilización de niñas, niños en el conflicto armado
  • Crímenes no amnistiables cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares
  • Crímenes contra Pueblos y Territorios Étnicos
  • Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc EP en el marco del conflicto armado colombiano
  • Investiga violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio

Además de optimizar la gestión de archivos, LEGALi proporciona la comunicación segura entre magistrados, víctimas y sus representantes. Esta comunicación eficiente reduce los tiempos procesales, disminuye los costos y simplifica el control de los plazos procesales.

Resultados tangibles

JEP no solo es una institución confiable, sino que también ha obtenido resultados tangibles en su misión de investigar, demandar y condenar los crímenes más graves y representativos ocasionados en el conflicto. La institución priorizó estos casos complejos, asegurando que los culpables sean responsabilizados. Son 11 macrocasos, con sus correspondientes despliegues, en los cuales las víctimas participan activamente en el proceso y los acusados con llamados a rendir cuentas.

Los números hasta ahora son impresionantes: 8.000 víctimas identificadas individualmente, más de 300 agentes colectivos identificados como víctimas, lo que forma un colectivo de víctimas de más de 300.000 personas, su mayoría de ascendencia indígena (200.000) Hubo 14.000 personas que firmaron términos de compromiso y sometimiento ante la JEP. Se puede acceder a los resultados más actualizados aquí.

Adicionalmente, la JEP se ha esforzado por resolver dentro de un plazo razonable las solicitudes, beneficios y situación jurídica de los comparecientes ante la jurisdicción. Esto proporciona un sentido de justicia y cierre para muchos implicados en el conflicto, incluidos exmiembros de las FARC-EP, fuerzas de seguridad, terceros civiles y agentes del Estado.

Descentralización y Seguridad: las marcas del LEGALi

LEGALi no solo reduce distancias geográficas, sino que también simplifica y agiliza los procedimientos judiciales. La herramienta, accesible desde cualquier punto del país, destaca por la seguridad de su sistema, que prioriza la fiabilidad en un entorno digital. Esta seguridad se puso a prueba este año. En septiembre, la IFX Networks, la empresa operadora de telecomunicaciones que actúa en el país, sufrió un ataque cibernético de enormes proporciones. Las operaciones digitales del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de la Salud de Colombia se vieron gravemente afectadas. La página web de la Corte Suprema del país también sufrió daños provocados por la invasión del sistema, que ha dejado inaccesibles más de dos millones de procesos judiciales.

La plataforma no solo gerencia archivos electrónicamente, sino que lo hace bajo rigurosos estándares técnicos y de seguridad. Las configuraciones avanzadas permiten diferentes funciones y perfiles, asegurando que se pueda auditar, monitorear y tener trazabilidad de cada acción. La seguridad de la información del LEGALi resistió los ataques y ninguna de las actividades de la JEP se vio comprometida o expuesta por los hackers.

Reconocimiento y confianza renovada

Uno de los logros más notables de la JEP es la confianza que ha generado entre la población colombiana. Durante dos años seguidos ha figurado entre las 5 instituciones más confiables de Colombia. El 2022 ocupó el quinto lugar entre las instituciones más confiables, de acuerdo con una encuesta de la Figures and Concepts (enlace aquí), realizada con más de 1.500 líderes de opinión. La JEP fue superada únicamente por reconocidas instituciones, como el Banco de la República, universidades públicas y privadas y la Corte Constitucional.

La misma encuesta reveló que académicos y los medios de comunicación son los principales defensores del trabajo de la JEP. Esto demuestra el reconocimiento de la importancia de la JEP como un pilar fundamental en la búsqueda de la justicia, la reconciliación y la construcción de paz.

Esta confianza es un reflejo del compromiso de la JEP para garantizar los elementos esenciales de este gran proyecto de paz nacional. Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) Además, la JEP se ha esforzado por ofrecer un enfoque territorial, diferenciado y de género en su trabajo, atendiendo a las necesidades específicas de las diferentes comunidades y grupos afectados por el conflicto armado.

En resumen, la Jurisdicción Especial para la Paz, impulsada por LEGALi, es un ejemplo destacado de como la innovación tecnológica puede mejorar la administración de la justicia en contextos complejos. Su exitosa trayectoria sigue inspirando esperanza y confianza en el camino hacia una Colombia más justa y reconciliada.